El Gobierno de EE.UU. demandó ayer al estado de Arizona por su nueva ley antiinmigrante, que permite a la Policía detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas, y pidió al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor.
La acción legal se añade a otras cinco demandas ya presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que intentan acabar con una ley que ha vuelto a colocar el tema migratorio en el centro del debate político en el país.
El argumento principal usado por el departamento de Justicia es que la norma, que entraría en vigor el 29 de julio, viola la Constitución estadounidense pues con ella Arizona se ha adjudicado competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.
"La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un batiburrillo de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país", afirma la demanda.
El Gobierno alertó que la ley resultará en el "acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan demostrar inmediatamente su situación legal".
Además, le obligará a dedicar más recursos a procesar a las personas arrestadas por la Policía de Arizona bajo sospecha de estar indocumentadas, argumentó.
Los dos senadores republicanos de ese estado, Jon Kyl y John McCain, éste último el rival del presidente Barack Obama en las elecciones de 2008, criticaron la decisión del departamento de Justicia en un comunicado conjunto.
"La Administración de Obama no ha hecho todo lo que puede para proteger a los ciudadanos de Arizona de la violencia y el crimen que la inmigración ilegal provocan en nuestro estado", dijeron los dos legisladores.
"Hasta que no lo haga, el Gobierno federal no debería demandar a Arizona con el argumento de que la aplicación de las leyes de inmigración son sólo una responsabilidad federal", añadieron.
