El Consejo de Gabinete acaba de aprobar reformas a la Ley 46 de 6 de junio de 2003, para sancionar como adultos a los menores que cometan asesinatos y otros delitos graves, entre ellos, secuestro y terrorismo.
Los organismos defensores de los menores y grupos de derechos humanos han expresado su rechazo a la medida, alegando que de cada 100 delitos graves, apenas dos son cometidos por adolescentes.
Sin embargo, hay una verdad de a puño, por años la sociedad panameña ha tratado con manos de seda a los menores infractores y éstos una vez adultos, son los que cometen la mayoría de los crímenes atroces que se registran en Panamá.
Hay que estar claros, las medidas son contra los maleantes. La juventud idealista y decente, que recibe buenos ejemplos de sus padres, no debe tener preocupación.
La situación de la delincuencia en el país requiere acciones urgentes, para frenarla un poco. Por eso las acciones implementadas en la última semana han recibido apoyo de la mayoría de los ciudadanos.
Sin embargo, hay que resaltar que las medidas como el reforzamiento de penas, deben ir acompañadas con acciones preventivas.
La Policía siempre debe estar en las calles, para evitar que los maleantes hagan de las suyas y tomen el control de los barrios del país.
Al mismo tiempo, se hace necesario que todo tipo de acción para reprimir la criminalidad, debe garantizar el respeto de los derechos humanos, hasta de los propios delincuentes, aunque éstos pocas respeten la vida del resto de la gente decente.
Ahora, corresponde a la juventud descareada hacer los correctivos en su proceder, de lo contrario tendrán la cárcel como futuro.