Mientras el país todavía se pregunta quiénes son los verdaderos responsables por el envenenamiento del inspector de la PTJ Franklin Brewster, recientes datos de la Policía Nacional muestran que su caso es solo una muestra en cuanto al alcance y desenfreno al que ha llegado el crimen organizado en Panamá, y la incapacidad de los estamentos de seguridad para ponerle un freno.
En lo que va del 2008, 150 personas han sido ejecutadas en Panamá, un promedio de 3 asesinatos por semana. Lo de Brewster hace dos años fue solo una pincelada de un macabro cuadro.
El asunto más grave en cuanto al combate al narcotráfico y el crimen organizado no es que nuestra policía, DIJ y sistema de justicia estén perdiendo la guerra, sino que la respuesta de nuestras autoridades parece estar completamente fuera de la mira.
En Panamá, el gobierno está llevando a cabo una serie de cambios en las leyes que dictan la estructura y organigrama de los estamentos de seguridad, que a muchos recuerda los tiempos de la dictadura militar para la década de 1980. �Pero qué se está haciendo a nivel de asuntos internos? �Qué iniciativas se están tomando para limpiar la casa de las unidades "infiltradas"?
Es harto conocido que los grupos criminales acostumbran inflitrar las instituciones en los países que operan. Utilizando dinero, amenazas, o ambos, logran el favor de jueces, fiscales, policías y altos funcionarios. Es una realidad a la que ningún país en que opera el narcotráfico internacional puede escapar.
El mismo director de la DIJ, José Ayú Prado, reconoce que gran parte de las 150 ejecuciones en el año no han sido resueltas. Lo que no dijo es que mientras no se haga purga en nuestros estamentos de seguridad, nunca se resolverán ni estas, ni las ejecuciones que vendrán.