El informe sobre las causas que motivaron el accidente del helicóptero SAN 100 ha generado malestar en Chile. La familia del fallecido director de Carabineros, José Alejandro Bernales, ha dicho que su en su país se hubiese dado un hecho como el ocurrido en Panamá, mucha gente no estaría hoy en sus puestos.
Los chilenos han cuestionado que a un personaje como el jefe de la Policía se le asignara un helicóptero chatarra para transportarlo y a una tripulación, que no contaba con la capacitación necesaria para operar ese tipo de helicópteros.
Lo triste de todo es que se perdieron 11 vidas de panameños y chilenos y que la responsabilidad se le pretenda asignar al piloto fallecido, cuando todo indica que recibió una orden de operar el SAN 100 y se le asignó a un copiloto, que no tenía las suficientes horas de vuelo.
Sin embargo, todo indica que en este caso sucederá como el del envenenamiento masivo de panameños con medicamentos de la Caja de Seguro Social, donde la soga reventó por el lado más delgado y los grandes no fueron tocados.
Casi siempre esto sucede en Panamá. La justicia no es igual para todos. Para unos es ciega, pero para otros tiene cuatro ojos, pero ni aún así son alcanzados.
Al final de todo, será el Estado quien deberá asumir la indemnización de los nacionales y de los chilenos que fallecieron al chocar el SAN 100 contra un edificio del barrio de Calidonia. Los muertos no hablan y no podrán defenderse.