Hace diez años, algunos aún los llamaban �impedidos�. Y si nos remontamos un poco más atrás en el tiempo, frecuentemente se les categorizaba términos como �minusválidos� e �inválidos� (que técnicamente, significan que �valen menos� y �no valen�).
Al menos en el sentido de cómo son percibidos por la sociedad panameña, la situación de los discapacitados ha evolucionado para mejor. Pero a la hora de darles las oportunidades para participar e interactuar, esta misma sociedad aún se queda corta.
Más de 52 mil panameños (el 1.8% de la población total del país) pueden quejarse de esta situación. Derechos básicos como la libre circulación, el trabajo y los servicios de salud públicos aún son de acceso limitado para los discapacitados, de acuerdo a un informe del propio Ministerio de Salud.
�La discapacidad en Panamá: Situación Actual y Perspectiva�, es un estudio publicado en conjunto por el MINSA y la Organización Panamericana de la Salud que explora dónde está parado el país en cuanto a su trato con este segmento de la población.
Las últimas cifras de la Contraloría General de la República, contabilizaban 7, 981 personas con ceguera; 7, 674 con sordera; 10 mil con retraso mental; 3, 800 con parálisis cerebral; 11, 500 con deficiencias físicas y 10, 300 personas con otros tipos de discapacidad.
Pero el propio gobierno ha reconocido que estas cifras no son sólo desactualizadas, sino imprecisas. El informe MINSA-OPS destaca que �Panamá no ha adaptado un sistema de clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías�, lo que no permite un conteo adecuado.
�DONDE ESTAMOS FALLANDO?
Las dificultades de los discapacitados no son por falta de legislación. Desde 1942, cuando se inicia el programa de atención al ciego en Panamá, se ha ido acumulando un marco legal que incluye la creación del IPHE, la ley de protección al discapacitado auditivo, nuevos títulos en el código de la familia, y numerosas disposiciones inclusivas en lo educativo, lo laboral y lo social.
El problema es �y así lo reconoce el MINSA- que los programas, leyes y planes dirigidos hacia los discapacitados no se están ejecutando con eficiencia. �No hay equidad en los servicios de salud para las personas con discapacidad�, indica el informe.
Las cifras confirman una disparidad en el acceso a la educación: Mientras que en la población total el grado de analfabetismo es de 7.6%, entre los discapacitados es de 27.5%.
En cuanto al trabajo, la tasa de desempleo entre discapacitados es de un 18%; pero esta cifra no se aproxima a la realidad, ya que en último censo de población y vivienda, un alto porcentaje de personas con discapacidad fue incluida en el renglón de �población económicamente inactiva�. Un estimado más realista es el de un 40%.
Aunque ha habido una evolución en el tema de la accesibilidad al entorno, la falta de fiscalización de las autoridades produce que los avances sean mucho menores a lo esperado.
CENSO DE DISCAPACITADOS
Actualmente se encuentra en ejecución la Primera Encuesta Nacional de la Población con Discapacidad, con la cual no sólo se conocerá con más precisión el total de personas en esta situación, sino que por primera vez se incluirán datos sobre personas con discapacidades múltiples, las que hasta ahora no eran contabilizadas.