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Un estudio socioeconómico desarrollado por los idóneos, de seguro determinaría que el renglón de vida de los ocupantes es de condición de pobreza y pobreza extrema.  |
Unas 12 familias de escasos recursos económicos de la comunidad 4 Torres, áreas revertidas de Arraiján, tienen un futuro incierto, porque el Ministerio de Vivienda ejecutará pronto una orden de desalojo, pese a contar con planos aprobados por las diversas instancias responsables del proceso legal para una titilación de las tierras.
En medio de un área boscosa a unos dos kilómetros de distancia desde la vía Interamericana se encuentra localizada la comunidad 4 Torres.
Para llegar se debe caminar por un sendero de tierra de difícil acceso angosto; el panorama rodeado de naturaleza es placentero pero cuando la madre naturaleza deja caer las aguas del cielo que se define en torrenciales aguacero el área se convierte intransitable.
En lo alto se observa toda la superficie del distrito, en una pendiente bajando hasta la planicie viven las más de 70 personas integradas en 12 núcleos familiares.
Para llegar a 4 Torres es necesario hacerlo a pie, porque en vehículo es imposible, dado que carecen de vías de penetración.
Las pequeñas viviendas están edificadas de pencas, horcones redondos, piso de tierra de una sola pieza, otras combinadas de madera y zinc, lo que evidencian las condiciones infrahumanas al igual la insalubridad que actualmente viven.
La carencia de un sistema de acueductos para el suministro del agua potable y otros servicios públicos necesarios para garantizar una mejor calidad humana se suman a esta triste tragedia que viven los humildes hogares.
Por la forma de vida, es un escenario denigrante, a criterio de los lugareños, quienes también se sienten olvidados por las autoridades políticas y abandonados a la suerte por los gobiernos de turno.
Un estudio socioeconómico desarrollado por los idóneos, de seguro determinaría que el renglón de vida de los ocupantes es de condición de pobreza y pobreza extrema.
LA HISTORIA DEL CONFLICTO
Allá en lo alto de la vecindad, nos encontramos a Aurelio Hidalgo con la esperanza que se le solucionara sus problemas ocasionado por la carencia de una solución habitacional.
Recordó el conflicto de tierra con el Ministerio de Vivienda surgió en el año de 1999. "Al inicio de la actual administración comenzó la pesadilla para nosotros. Las amenazas de desalojo por los funcionarios de las oficinas de coordinación del MIVI en Arraiján se dan con frecuencia. Constantemente hay cierta presión por parte de altas personalidades del gobierno tras bastidores que reclaman el derecho para posesionarse de los terrenos", sostuvo el lugareño.
El afectado sin perder la fe pidió una reconsideración al problema para buscar una solución definitiva al conflicto de tierra, por lo menos que le reconozcan los seis años que tienen de vivir en el lugar y una reubicación en otro sitio cercano.
"Estamos dispuestos a desalojar el área siempre y cuando se nos garanticen un lugar para vivir la opción a fin de finiquitar el litigio, sería una reubicación; creo que no hay otra salida, pero también se le debe reconocer los seis años de habitar los terrenos por las mejoras realizadas durante ese tiempo", recalcó el campesino.
Según el lugareño, están dispuestos a desistir de la lucha a pesar que en el anterior gobierno las oficinas del MIVI les adjudicó a cada morador un lote en ese lugar en respuesta a una solución habitacional inclusive se les midió su parcela.
Además relató que los técnicos realizaron los trabajos de mensura, levantaron el plano y finalmente fue avalado con todos los sellos de las diversas instituciones estatales responsable de aprobar el proceso de la titulación para la legalización del polígono.
"Hay muchas cosas oscuras de bajo del tapete, aún sin esclarecer nos amenazan constantemente que debemos salir del lugar sin brindar mas detalles", exclamó exaltado la fuente.
AUTORIDADES SE CONTRADICEN
En sus desesperaciones, han visitado una serie de instituciones pública para defender sus derechos de contar con una vivienda digna, pero solo recibieron varias respuesta con el propósito, quizás para confundirlos, unos señalan que son terrenos destinados para desarrollar una agroforestal.
"Otras de las autoridades en contradicción aseguran que los terrenos pertenecen a la ARI y no se encuentran bajo la custodia del MIVI para notificarlos en soluciones habitacionales, presiento que algo oscuro se oculta", expresó.
El dirigente en sus argumentos enfatizó que la única persona quien verdaderamente habló con claridad fue el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Javier Tejeira, quien afirmó que la parcela en un futuro sería utilizada para un proyecto turístico.
MIVI ACEPTA ERROR
Para Mirna Espinosa otra de las afectadas, recordó que las autoridades del Ministerio de Vivienda (MIVI) admitieron haber cometido un error técnico al medir, parcelar, lotificar los terrenos, aunado a esto levantar el plano del polígono y para su fortuna fueron aprobado con todos los sellos por parte de las instituciones estatales responsable de legalizar las tierras.
"En la administración anterior las familias de las 4 Torres entregaron todas las documentaciones ante las oficinas del MIVI de Arraiján para que se le elaborara el expediente a cada uno de los beneficiarios en cambio en este gobierno el problema sea complicado", expresó la fuente
A juicio de la afectada, la actual coordinadora de enlace del MIVI, Yolanda de Medina, tiene varios argumentos de excusa para obligarlos a desocupar las tierras en primera instancia comenzó con que por el pozo debían desalojar el lugar, luego cambio la versión eran terrenos exclusivos para un área forestal, de uso público.
La última advertencia es que debemos salir porque los derechos de la parcela fueron traspasados al Ministerio de Economía y Finanzas después que el polígono está bajo la jurisdicción de la ARI, sin verdaderamente aclarar el asunto para una solución definitiva del conflicto.
La fuente también desesperada por la incertidumbre dice que han tratado de tener un diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas al igual conversar con las autoridades de la ARI, pero ha sido infructuoso y nadie da la cara.
En tanto, Medina comentó que las familias invadieron en el pasado la parcela hace varios años cuando estaban bajo la custodia de la Autoridad Regional Interoceánica.
"Se les ha ofrecido una reubicación hacia otro sitio, por lo que la ARI traspasó los derechos de la parcela al Ministerio de Economía y Finanzas y están anuentes que deben desocupar el lugar lo antes posible" aclaró la funcionaria.
Explicó que la institución estudia todas las posibilidades para poder ofrecerles una solución a sus problemas habitacionales posiblemente esto puede ser a través de una reubicación, pero en definitiva deben desalojar los terrenos. |
