La aprobación de la ley N�269 dejó contenta a la dirigencia transportista, pero trajo como secuela una serie de acusaciones, enfrentamientos verbales y amenazas de agresión física entre diputados de gobierno y de oposición durante los periodos de incidencia del pleno de la Asamblea.
El presidente Martín Torrijos confirmó este fin de semana que vetará parcialmente la ley para darle equilibrio a la conformación de la Junta Directiva de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
La controversia la inició el diputado Panameñista Luis Carlos Cleghorn, quien afirmó que varios de sus colegas oficialistas habrían recibido algún tipo de beneficio económico a cambio de la aprobación de dicho proyecto.
Los señalamientos de Cleghorn no tuvieron argumento probatorio, lo que irritó al diputado perredista Benicio Robinson, quien le advirtió a su colega opositor que estaría dispuesto a defenderse como un hombre de sus insultos.
"Lo que pasa es que este diputado piensa que todavía está en La Cáscara. Esta Asamblea no es para venir a hacer cómica o hacer show", señaló el perredista.
A criterio de Robinson, Cleghorn politiquea con el tema y pretende ensuciar aún más la honorabilidad de la Asamblea.
Las acusaciones de Cleghorn serán tema de análisis en la reunión de Junta Directiva Ampliada del �rgano Legislativo esta misma semana.
El también diputado del PRD Gilberto Sucari consideró que los señalamientos de su colega Panameñista no podían dejarse pasar por alto, por lo que se le debe exigir que acuse formalmente a quienes habrían recibido un supuesto pago de dinero por votar a favor de la ley N�269.
Sobre el tema, el presidente de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, consideró varios artículos de la polémica ley como la promoción de una "corrupción hereditaria" en el transporte público.