ABRACADABRA
Necesidad de un cambio
El pueblo panameño quiere un cambio y el Estado panameño
lo necesita urgentemente.
Carlos Guevara Mann
En Panamá está
vigente una estructura jurídica netamente antidemocrática,
que impide que el Estado dé soluciones a los graves problemas que
afectan a la sociedad.
Hay que comenzar por cambiar la Constitución -a través
de una Asamblea Constituyente auténticamente representativa del pueblo
panameño- de forma tal que la Ley Fundamental proteja los derechos
humanos, garantice la separación y la limitación de los poderes
del Estado, administre rectamente la justicia y permita el funcionamiento
eficiente de una verdadera Asamblea Nacional.
Hay que derogar las leyes mordaza, para que los poderosos no las sigan
empleando para perseguir a los periodistas que se atreven a desenmascarar
el abuso en todas sus facetas.
Ahora mismo, por ejemplo, estas leyes se emplean para hostigar a cuatro
periodistas de El Siglo -Marcelino Rodríguez, Carlos Singares, Carmen
Boyd y Blas Julio- además de otros -entre ellos Víctor Franceschi,
de Crítica Libre, Gustavo Gorriti y Rolando Rodríguez, de
La Prensa, y Miguel Antonio Bernal, comentarista independiente- que se han
atrevido a denunciar las arbitrariedades de quienes ejercen el poder.
Hay que reformar el Código Electoral para garantizar el carácter
democrático de las elecciones.
Las consultas populares en Panamá son objeto de manipulación
descarada por parte de quienes tienen influencia, autoridad o dinero, como
quedó demostrado en el proceso previo al referéndum.
Y el régimen electoral vigente obstaculiza la participación
ciudadana, como ha quedado claro con las trabas que el Tribunal Electoral
ha puesto a las candidaturas independientes, especialmente a la de Miguel
Antonio Bernal.
Hay que reformar el sistema de justicia, para que Poder Judicial deje
de garantizar la impunidad y comience a servir de mecanismo para la defensa
de la sociedad.
Existe una larga lista de casos -como el de la familia Sánchez,
de Penonomé, que fue víctima de un ataque a machetazos -que
han quedado completamente impunes.
Hay que establecer mayores y más eficientes mecanismos de control
sobre el manejo de las finanzas del Estado, de forma tal que el Ejecutivo
no siga endeudándonos alegremente, que los ladrones de cuello blanco
no sigan aprovechándose de los bienes públicos y que el Estado
pueda recuperar lo que le ha sido robado.
En la actualidad el gobierno sigue pidiendo prestado, por lo que ha tenido
que destinar el 20% del presupuesto de 1999 al pago de la deuda; siguen
sin esclarecerse los escándalos financieros del Seguro Social, COFINA
y otros, con grave perjuicio al patrimonio nacional; y el abuso de los bienes
del Estado continúa imperturbable, como lo evidencia el reciente
escándalo de las casas revertidas.
Hay que darle al Estado facultades para que corrija las injusticias de
la economía de mercado, y rectificar el desorden y la falta de transparencia
que hay en los procesos de privatización y concesiones administrativas.
A la vista de todos están los fraudes que han significado los
corredores Norte y Sur, la concesión del puerto de Balboa y la privatización
del INTEL, todas ellas "obras cumbre" de la torodictadura.
Hay también que darle al Estado facultades para que proteja, efectivamente,
los recursos naturales, porque como siga la depredación incontrolada
del medio ambiente (que actualmente se desarrolla bajo los auspicios del
gobierno) en una generación Panamá quedará convertida
en un desierto.
La minería, la extracción de piedra y arena, y la tala
de árboles, a todo lo largo y ancho de la República van a
acabar con el país y sus habitantes, porque no quedarán fuentes
de agua potable, ni tierras aptas para el cultivo, ni bosques que garanticen
la regeneración del aire, el equilibrio del clima o la necesaria
diversidad de especies vivientes.
Por todo esto es que el pueblo exige un cambio y por lo que hay que elegir
al personal adecuado para poder efectuar las importantes reformas que se
requieren, de manera ordenada y democrática.
Esto lo tenemos que tener muy presente de cara a las elecciones del 2
de mayo de 1999.
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