Ante una avalancha de críticas de distintos sectores, el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados decidió el sábado bajar a segundo debate un proyecto de ley que dificulta aún más los requisitos para poder denunciar e investigar a los llamados "Padres de la Patria".
Esta iniciativa, cuyo proponente fue el diputado Hernán Delgado, obligaría a quienes denuncian a miembros de la Asamblea a dar sus datos personales, y a brindar "una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización".
Además, establece un límite de cuatro meses a la Corte Suprema de Justicia para concluir la investigación, tras lo cual esta se declararía extinguida.
El proyecto se encontraba camino a su aprobación final en el último día de sesiones ordinarias, pero ante la falta de consenso, se decidió devolverla a segundo debate. La Ley podría ver la luz en enero del año entrante.
Como si no fuese ya suficientemente difícil denunciar, investigar y enjuiciar a un diputado por casos de corrupción, lo sucedido al cierre de sesiones ordinarias muestra nuevamente que no existe disposición alguna hacia la transparencia ni hacia la rendición de cuentas por parte de los miembros de la Asamblea, ni de la clase gobernante.
Todo esto ocurre mientras continúan los atropellos contra periodistas, y el gobierno nacional se niega a reconocer su responsabilidad en los graves disturbios de Bocas del Toro. Lo único que queda a la ciudadanía es seguir vigilando.