Los panameños somos testigos de la saña con que actúan los criminales. Ciudadanos que nada tenían que ver con el oscuro mundo de la delincuencia han caído muertos a manos del crimen. Ya no se puede hablar por teléfono tranquilamente en la vía pública ni mostrar artículos que llamen la atención del hampa, porque nos exponemos a ser asaltados o asesinados.
En lo que va del año se han registrado más de 600 asesinatos, entre los cuales figuran personas de bien que aportaban positivamente a la sociedad. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad asegura que el clima de inseguridad que existe en las calles del país, es solo una percepción.
Nadie duda del compromiso de la Policía Nacional y de las demás autoridades en la lucha contra el hampa, en eso la población está clara, pero tratar de tapar el sol con un dedo, es vivir de espaldas a la realidad.
El viceministro de Seguridad, Alejandro Garuz, culpó incluso a la ciudadanía de ser víctima del hampa, porque no toma las medidas preventivas pertinentes. Es cierto que todos tenemos la obligación de contribuir con la seguridad; sin embargo, las autoridades deben tener clara su responsabilidad constitucional, consagrada en el Artículo 17 de la Carta Magna, que los obliga a garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Los ciudadanos no podemos vivir sometidos a un constante clima de zozobra. La labor de brindar seguridad le toca a las autoridades. Son ellas las que tienen que elaborar e implementar programas de seguridad que nos permitan a los panameños hacer nuestra vida de forma segura.