La partida destinada a asesorías en el Municipio de Panamá es escandalosa. Según su proyecto de presupuesto, en el año 2011 la cifra alcanzaría los 3.4 millones de dólares, una cantidad que duplica lo destinado para este año.
Evidentemente esta es una carga muy pesada para un municipio que enfrenta problemas de recaudación y de liquidez para suplir las necesidades de los habitantes de la ciudad capital.
La historia reciente demuestra que el renglón de asesorías sirve primordialmente para cumplir compromisos políticos, que en nada contribuyen al bienestar de los habitantes.
No se trata de privar a las instituciones públicas de buenas asesorías que mejoren su labor. La Contraloría de la República debe fiscalizar detalladamente el uso de estas partidas y las instituciones rendir informes periódicos de sus frutos.
Los últimos cuatro gobiernos han sobrecargado los presupuestos públicos de asesorías y nunca nadie le ha informado al país para qué sirvieron. En los depósitos del Estado hay millones de dólares invertidos en asesorías que duermen el sueño eterno y que nadie consulta.
En materia municipal hay muy buenos ejemplos en la región de buen servicio público mediante la optimización de los recursos. Solo hay que voltear la mirada hacia Bogotá o Medellín, en Colombia, en donde los municipios prestan un servicio excepcional. El secreto del éxito en estos lugares ha sido dirigir la mayor cantidad de recursos hacia los sectores que lo más lo necesitan: los marginados.