La justicia panameña baila al son que le toquen. Eso parece ser la tónica cada cierto tiempo, cuando se produce un cambio de gobierno. Los funcionarios que no investigaban nada sobre las denuncias de corrupción, tan pronto cambia la administración gubernamental, proceden con una rapidez digna de envidia al procesamiento de los que antes no investigaban.
Todo indica que es mera supervivencia. Igual sucede con la Contraloría. Con ese tipo de funcionarios es difícil acabar con la corrupción. Ese tipo de lacra que carcome al Estado panameño se combate con una justicia imparcial y no acomodaticia.
Muchos funcionarios no ejecutan ni la menor diligencia para investigar hechos de corrupción y sólo actúan cuando el servidor público sospechoso deja el poder.
La justicia si es permanente para los peces chicos o los hijos de la cocinera que se roba un collar en la Central. Los llamados monos gordos casi nunca van a prisión, porque los funcionarios que deben investigar no lo hacen.
Si los agentes del Ministerio Público y la Contraloría ejercieran de verdad sus funciones, el nivel de corrupción de no sería tan grande en Panamá, pero como los que reclaman coima, utilizan el tráfico de influencias o realizan actos irregulares para apropiarse de los fondos públicos, observan que los investigadores no investigan nada, hacen fiesta con los recursos del Estado.
La única forma de frenar la corrupción es actuar tan pronto se denuncie un hecho y no esperar cinco años para iniciar la instrucción de un sumario o una auditoría, de lo contrario esto será un mal de nunca acabar.