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Gobierno y oposición juegan al gato y al ratón.  |
Han pasado 10 días desde que el Pleno de la Asamblea Legislativa revocó el dictamen de la Comisión de Presupuesto, donde se rechazaba en primer debate el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2002 presentado por el Organo Ejecutivo. Este proyecto fue rechazado el 14 de noviembre y 38 días después de esta decisión, el futuro del proyecto de presupuesto para el próximo año se encuentra prácticamente indefinido.
Esta decisión de revocar una posición de rechazo en primer debate de la Comisión de Presupuesto se basa, según el legislador Pedro Miguel González, en el artículo 160 de la constitución política que permite que un proyecto de ley rechazado en primer debate pase a segundo debate, siempre y cuando, el Pleno Legislativo revoque el dictamen de la comisión, como en efecto se hizo.
González dijo que este compás se abrió unilateralmente para permitir que el Ejecutivo presente las reformas al proyecto de presupuesto 2002 que asciende a 6 mil millones, 280 mil dólares. Una de las razones que motivó a las Comisión de Presupuesto a rechazar el presupuesto en primer debate fue el hecho de considerarlo sobreestimado en aproximadamente 400 millones de dólares.
A esta postura los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas han manifestado estar dispuestos a recortar del proyecto original cerca de 200 millones de dólares; sin embargo, aún no se tiene un acuerdo en concreto.
Por su parte el coordinador de la bancada arnulfista, José Blandón, recomendó que el proyecto de presupuesto debe ser nuevamente remitido a la Comisión de Presupuesto para que esta instancia legislativa envíe las recomendaciones de modificaciones al Organo Ejecutivo. Reiteró que la decisión de la oposición ha puesto a la Asamblea en una situación de "tener que aprobar un presupuesto contra el tiempo".
Blandón sostuvo que ante esta situación del presupuesto, existen varias alternativas que se podrían tomar, entre ellas, se devolvería el proyecto de presupuesto al primer debate a la Comisión respectiva, la otra sería que el Pleno Legislativo proponga recomendaciones de modificaciones al Organo Ejecutivo, además de la posibilidad de que el Pleno haga reducciones al presupuesto del 2002 de forma unilateral que no tengan que pasar por la consulta del Ejecutivo y la otra opción sería que la Comisión de Presupuesto vuelva a rechazar el presupuesto, opción que es la menos conveniente.
En el denominado informe de minoría, la bancada de legisladores de gobierno de la Comisión de Presupuesto integrada por Héctor Aparicio, Aydee Milanés de Lay, Javier Tejeira, Alberto Cigarrista, Carlos Santana y José Urrutia, sostiene que para la vigencia fiscal del 2002, se le asigna al gobierno central un presupuesto de 3 mil 455.3 millones de dólares, que comparado con el presupuesto del año 2001, registra un aumento de 463 millones de dólares.
El incremento entre ambos presupuestos se fundamenta principalmente por el aumento del pago del servicio de la deuda, que alcanza la suma de mil 476.6 millones de dólares, que representa un incremento del 34%, sobre el periodo fiscal vigente y un 84% del total del incremento, es decir 372 millones de dólares.
Una de las justificaciones que dio la bancada de legisladores de gobierno, para que se haya registrado este incremento, se dio sobre la base del refinanciamiento, en 1996, de la deuda panameña con la Banca Comercial, y que en el año 19997 se emite un bono por la suma de 500 millones de dólares, cuyo vencimiento se da en febrero del 2002. "Lo que constituye una carga financiera adicional de obligatorio cumplimiento el próximo año".
Este "informe de minoría" detalla además que el proyecto de presupuesto presenta un aumento en cuanto a los ingresos corrientes proyectados y los de la actual vigencia en 15.5 millones de dólares o sea 0.2% y se calcula en 2 mil 005.8 millones de dólares. La cifra de ingresos corrientes incluye 88 millones de dólares de subsidios al sector privado, los cuales no representan ingresos efectivos, sino el reconocimiento que el Estado hace a los sectores beneficiados y los mismos son incluidos por vez primera en el presupuesto general de la Nación.
Cabe destacar que el estimado de ingresos corrientes presentados por el Ejecutivo en su proyecto no contempla la creación de nuevas cargas tributarios o impuestos, sino medidas administrativas que ayudarán al Estado a mejorar la recaudación de los ingresos, ya que el no pago de las obligaciones existentes se estima en aproximadamente 300 millones de dólares. |