Viernes 28 de diciembre de 2001

 

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  OPINION

EDITORIAL
Locura política

A nuestros políticos se les ocurre cada día un disparate. Ahora como si fuera un Inocente Mariposa nos traen la grandiosa idea de que los designados a magistrados de la Corte Suprema Justicia: Winston Spadafora y Alberto Cigarruista tomen posesión de sus cargos el 2 de enero del 2002, aunque no hayan recibido la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Todo este enredo lo ha provocado una clase política irresponsable, que dilata y engaveta las decisiones. Ahora tienen al país sin presupuesto, sin magistrados y en un limbo, que hace peligrar el sistema democrático.

Tenemos un Ejecutivo empecinado con sus magistrados y una Asamblea Legislativa, que ha subordinado sus actuaciones a las decisiones que adopte la dirigencia del PRD. Desde hace semanas se veía venir todo esto. Los estrategas políticos del pacto META se han enredado en su propia telaraña; y junto con el oficialismo, mantienen a Panamá paralizado.

Ahora, el gobierno alegando interpretaciones del Código Judicial plantea que los dos magistrados designados para la Corte deben tomar posesión de sus cargos ante la presidenta de la República y entrará en ejercicio una vez se complete esa formalidad. No obstante, se ignora que el artículo 155 de la Carta Magna establece como funciones administrativas de la Asamblea Legislativa el aprobar e improbar los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema.

Por eso sorprende que la actual presidenta de la Corte y magistrada saliente Mirtza Franceschi de Aguilera, prácticamente endose la opción del oficialismo, de posesionar de sus cargos a los designados no cuentan con la aprobación de la Asamblea. Todo eso demuestra que nuestros políticos se han enloquecido. No hay sensatez en ninguno de los bandos y ya hay algunos cabezas calientes hablando de golpe de Estado.

Con el ejemplo fresco de lo sucedido en Argentina, ya algunos sugieren que el país camina por los mismos caminos de la nación suramericana. Flaco favor le hacen a la nación los que propugnan por ese tipo de salidas, pero la controversia que ahora involucra a los tres �rganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial,lo que hace peligrar la institucionalidad democrática y jurídica.

Ante los momentos actuales hay que bajar los niveles de confrontación y buscar soluciones en base al diálogo honesto. Los dirigentes políticos están acabando con el país, y a pesar de estar consciente de ello, siguen con su locura, quizás con el propósito de arrastrarnos a todos en esa vorágine, pero no lo podemos permitir.

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