La Corte Suprema de Justicia debe resolver una petición de la Procuraduría de la Administración, para separar a la jefa del Ministerio Público, dentro del marco de una querella por ordenar una intercepción telefónica.
Para el panameño común resulta difícil asimilar que una funcionaria pueda ser investigada, en base a una querella promovida por un exfuncionario procesado por reclamar 2,000 dólares a familiares de una detenida.
Además la grabación fue autorizada por el propio dueño del aparato telefónico y no se utilizó ningún equipo sofisticado, sino fue mediante un sistema rudimentario de "speaker phone". En resumen, la línea telefónica no correspondía al exfuncionario querellante.
El caso debe ser resuelto en estricto derecho y no en base a las emociones del momento. Hay que entender y aceptar que existe una separación de poderes y que por más que se anhele ver en prisión a un sospechoso a los llamados "monos gordos" de la política, se debe respetar el debido proceso y forzar al brazo ejecutor de la justicia.
Sin duda que el caso contra la Procuradora de la Nación está de una u otra manera ligado al del exmandatario Ernesto Pérez Balladares. Son dos fuerzas: el Ejecutivo y un expresidente que están pulseando y en medio de ellas se encuentra el Ministerio Público; conforme se desplace el péndulo hacia uno u otro lado, así será la reacción de los involucrados. Ante ello, ahora más que nunca se requiere que la justcia se maneje de manera imparcial y objetiva.
