Un gas tóxico arrojado en el nuevo edificio del Servicio Nacional de Migración provocó que su directora, María Cristina González, interpusiera ayer, lunes, una denuncia criminal en el Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público contra el que resulte responsable de esa agresión.
González indicó que es un delito contra la seguridad colectiva, ya que el gas fue rociado ayer, lunes, en horas de la mañana, a través de los conductos de los aires acondicionados del edificio ubicado en la vía Ricardo J. Alfaro y donde se mantiene laborando el subdirector de la institución, Eduardo Peñaloza.
Las sospechas apuntan hacia los ex funcionarios de la entidad que fueron investigados por actos de corrupción.
Los funcionarios, a los que se hace mención, están siendo investigados por incurrir ilegalmente en el otorgamiento de visas sin autorización del Consejo de Seguridad y del despacho superior de Migración.
La sustancia rociada está siendo investigada por el Departamento de Criminalística del Ministerio Público.
En ese nuevo edificio laboran alrededor de 100 funcionarios, se tramitan entrevistas matrimoniales, hay una ventanilla de cobros, certificaciones, fotografías, naturalización, notificaciones, y hay un enlace con el Ministerio de Comercio e Industrias.
Por otra parte, la directora de Migración también informó que en las investigaciones sobre la pérdida de expedientes denunciadas recientemente confirma que hubo mano criminal, en borrar ciertos nombres y expedientes de la institución.
González reportó la pérdida de una cajeta que contenía 50 expedientes de visas restringidas, entre las que se encuentra la del empresario libanés Jean Figali.
