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Los 270 trabajadores que fueron despedidos con la ley 25 de 1990 reclaman al Ejecutivo la conformación de una Comisión Especial para que se cumpla con un pago "justo", conforme la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estebina Nash, una de las voceras de los trabajadores, precisó que están solicitando la conformación de una Comisión Especial, para evitar que el gobierno "calcule lo que le da la gana", ya que la cifra supera los B/. 70 millones, tras añadir que el primer pago solo incluyó a 195 personas, cuyos montos no fueron muy satisfactorios.
Detalló que conforme a una reunión sostenida la semana pasada, se determinó que es el Ministerio de Economía y Finanzas, la cartera que debe hacer los cálculos para hacer efectivo el pago correspondiente.
"Ahora le hacemos la misma petición -de integrar una comisión- como ocurrió en un principio donde se hicieron los cálculos antojadizamente, interpretaron la sentencia como les dio la gana y allí es donde está el resultado", enfatizó Nash.
Señaló que el Estado tiene hasta el 30 de junio para cumplir con el fallo de la CIDH, de lo contrario corre el riesgo de ser demandado nuevamente o que se les suspendan los préstamos internacionales "porque ningún organismo internacional, concede préstamos a países que violan los derechos humanos", apuntó Nash.
Destacó que una vez la CIDH promulgó la sentencia y fijo tres meses al Estado para que indemnizara por daños morales, con B/. 3 mil a cada trabajador, hubo un atraso de 80 días, por ende la suma debe incluir intereses. |