El Programa de Desarrollo Comunitario, conocido por sus siglas como PRODEC, ha dotado a numerosas comunidades apartadas, de infraestructuras para que tengan acceso a servicios públicos de los que antes carecían.
Pero lo más positivo de esta iniciativa ha sido la participación de la población beneficiada en la selección de los proyectos. Es decir, que se toma en cuenta la opinión de los residentes en un sector a la hora de decidir en qué se va a invertir el dinero que según el Gobierno procede de los excedentes que se generan del Canal de Panamá.
Las gobernaciones de provincia no eran las entidades más indicadas para administrar estos proyectos que en su ejecución requieren una inspección técnica y fiscalización financiera permanentes. Es por eso que muchas de estas obras quedaron inconclusas y otras con fallas técnicas elementales.
Conozco el caso de un tanque de reserva de agua de 50 mil galones en Panamá Oeste, que después de construido en concreto armado, debió ser demolida la tapa de arriba a punta de mazo porque no tenía la altura señalada en las especificaciones.
Para garantizar mejores resultados, cada proyecto debe contar en su fase de ejecución con una contraparte comunitaria, de manera que juntos, el estado y la población ejerzan controles financieros y técnicos para evitar los errores en que se incurrió.
A los contratistas se les tiene que exigir capacidad de solvencia monetaria previa, equipo y personal calificado para trabajar en los proyectos; y de esa manera, acabar con la demora y hasta abandono de obras a medio construir.
