La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ya está revelando poco a poco algunos de los aspectos técnicos y financieros de la ampliación de la vía acuática.
Ya se habla que la obra tendrá un costo no mayor de 8,000 millones de dólares y que se generarán cerca de 9,000 empleos.
El Gabinete celebró esta semana una sesión informativa y se adelantó que el próximo mes deben entregarse los informes técnicos y financieros finales, que deben ser sometidos al debate público.
La Constitución establece que la construcción de un tercer juego de esclusas debe ser ratificado primero por el Ejecutivo y luego la Asamblea Nacional debe aprobar la convocatoria de un referéndum, que no podrá celebrarse antes de los tres meses siguientes a la aprobación por parte de los diputados.
Todo indica que el referéndum podría efectuarse en agosto coincidiendo con las vacaciones escolares de fin de año y antes que culmine el período de los actuales magistrados del Tribunal Electoral.
La ampliación del Canal será la mayor obra desarrollada por Panamá en toda su historia. Su costo será financiado con un sobrecosto en los peajes que se les cobrará a los usuarios de la vía acuática.
No hay que olvidar que los dos últimos referéndum convocados por los gobiernos de Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares, las propuestas presentadas fueron rechazadas abrumadoramente. Al momento del referéndum sobre el Canal, los panameños deben ponderar las ventajas y desventajas del proyecto y no las simpatías o antipatías que le genere el gobierno de turno.