Lo sucedido con diplomáticos panameños asignados al consulado en Miami destaca la necesidad de buscar mecanismos para evitar sorpresas desagradables como la ocurrida con el personal al que el gobierno norteamericano le ha retirado la visa.
En Estados Unidos hay un proceso donde el Senado revisa los antecedentes de los embajadores propuestos por el presidente de turno.
En sesiones del Comité de Relaciones Exteriores, se revisan los créditos y se interroga a la figura propuesta.
Es un filtro que sin duda contribuye a reducir la posibilidad de un futuro bochorno.
Algo similar debe aplicarse en Panamá, pero con el compromiso que la revisión en referencia sea exhaustiva y no pasajera como ocurre en la mayoría de los procesos de ratificación.
En todo caso está en juego el nombre del país y hay que ser responsable frente a ello.
En materia consular, para nadie es un secreto que existen representaciones que son apetecibles para los favoritos del gobierno de turno, porque se logran ingresos por los servicios que se prestan a la marina mercante, en los cuales los encargados del despacho logran suculentos ingresos.
Al tenor de la legislación no es nada ilegal, pero en todo caso esos fondos deberían ingresar al Tesoro Nacional, luego de cubrir los gastos pertinentes del Consulado y no pasar al patrimonio personal de nadie.
Ojalá que lo sucedido con el personal del Consulado en Miami sirva de experiencia para éste y futuros gobierno, en torno a los cuidados que se deben tener al momento de escoger a los representantes de Panamá ante el resto de la comunidad internacional.