Feo el espectáculo protagonizado entre abogados y magistrados que se acusan de todo y revelan sus intimidades tal si fuera un show televisivo.
El problema no son los medios que deben revelar las cosas que se registran en el país, sino los abogados envueltos en el escándalo que sin ningún sonrojo hablan hasta de sus asuntos más privados.
Ninguno de los dos bandos en pugna se dan cuenta que ambos quedarán desprestigiados ante la sociedad y la opinión pública que sin duda se entretiene viendo como cada día se destapan algo nuevo.
Lo adecuado era que los involucrados presenten todo lo que alegan tener antes las instancias legales respectivas y que éstas a su vez cumplan sus funciones.
Si hay un magistrado envuelto en la comisión de un delito, las leyes son claras: hay que presentar la denuncia ante la Asamblea Nacional de Diputados, que en la respectiva Comisión deberá analizar si hay méritos o no en la acción legal y llamar a sesiones judiciales al pleno o recomendar el archivo del expediente.
Si se trata de un particular hay que acudir al Ministerio Público. Todos los involucrados saben eso perfectamente, porque son abogados.
Tanto la Asamblea como el Ministerio Público deben actuar y resolver rápidamente con objetividad e independencia todo este bochornoso asunto.