El 3 de mayo se realizará en Costa Rica en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una audiencia entre el Estado Panameño y los trabajadores víctimas de la Ley 25 de 1990, en relación con la supervisión del cumplimiento de la sentencia de esta corte en este caso.
El Estado deberá presentar información sobre el pago a las 270 víctimas de los montos correspondientes a los salarios caídos y demás derechos laborales que les correspondan.
Manrique Mejía, representante de los trabajadores víctimas de la Ley 25, dijo que el ministro de Trabajo, Edwin Salamín, pretende que se cierre este caso con el pago de los $20 millones acordados en cuatro vigencias fiscales, lo que va en contra de la sentencia dictada por esta corte.
