La condena a 25 años de prisión contra el exmandatario peruano Alberto Fujimori es un mensaje claro para los que ostentan el poder, incluso los que llegan con el voto popular, de que los pueblos no están dispuestos a perdonar a dictadores.
Fujimori, de 70 años, fue condenado por con dos matanzas cometidas por el escuadrón de aniquilamiento conocido como el Grupo Colina del Ejército, y por el secuestro de un empresario y el periodista Gustavo Gorriti.
Mario Vargas Llosa saludó la sentencia alegando que es como una especie de vacuna contra futuros dictadores y Golpes de Estado, situaciones de la que América Latina no está inmunizada.
El fallo representa un avance a la hora de exigir responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos y pone de manifiesto que aún los jefes de Estado, no pueden estar por encima de ley y no pueden salir inmunes cuando durante su gestión permiten o patrocinan crímenes contra la población.
Ya parece existir una corriente mundial de reclamar responsabilidades a los exmandatarios por sus actuaciones, ante lo cual los gobernantes deben ser fieles cumplidores de las leyes y respetar los derechos humanos, de lo contrario pueden correr la misma suerte de Fujimori.
Al mismo tiempo hay que resaltar que fue el mismo sistema judicial peruano que con su independencia y capacidad llevó adelanta el proceso contra Alberto Fujimori.