El gobierno de Estados Unidos ha hecho a Panamá nuevas solicitudes a modo de precondiciones para la firma del Tratado de Promoción Comercial (TPC).
Entre los aspectos que ha mencionado el Senado estadounidense figuran cambios en la legislación laboral, específicamente en lo concerniente a la conformación de sindicatos; modificaciones al régimen de sociedades anónimas; y un acuerdo para intercambio de información tributaria.
La administración entrante de Ricardo Martinelli deberá hilar muy delgado y medir bien el peso de los pro y los contra en la firma de este tratado, porque mientras más avanza la crisis económica (que ya está golpeando fuerte al país), más se complican las circunstancias.
Muchos de cambios exigidos por los estadounidenses enfrentan fuerte oposición del sector empresarial panameño, que ven en el intercambio de información tributaria y en las modificaciones al régimen de sociedades anónimas una pérdida de las ventajas competitivas del país para atraer inversiones.
Igualmente, cualquier intento de modificar el Código de Trabajo será visto con malos ojos por los trabajadores organizados del país. Solo recordemos los violentos enfrentamientos entre la policía y los obreros a mediados de la década pasada por las modificaciones aprobadas por la administración Pérez Balladares.
El gobierno entrante debe jugar bien sus cartas y jugarlas rápido. El sector inmobiliario se está pasando por una fuerte desaceleración, y las exportaciones se han desplomado un 59% este año en comparación al mismo período del año pasado. El clima para el TPC hoy día es muy diferente al de hace dos años. Dadas las nuevas circunstancias, el gobierno deberá decidir si realmente vale la pena seguir con este esfuerzo, o fortalecer lazos comerciales con otros socios en el resto del mundo.