La procuradora Ana Matilde Gómez y el contralor Carlos Vallarino mantiene una pugna abierta en torno a las investigaciones de casos de corrupción que deben adelantar ambos despachos.
La jefa del Ministerio Público, palabras menos palabras más, expresó que en los informes de auditoría de la Contraloría sólo se señalan a las sardinitas de los mandos medios y bajos, pero nunca figuran los altos cargos de las instituciones.
La pugna surgió luego que Vallarino afirmó a los medios de comunicación, que el Ministerio de Educación era un foco de corrupción y la Procuraduría pidió pruebas para iniciar las investigaciones.
Gómez también insinuó que sentía que no tenía un aliado en la Contraloría en la lucha contra la corrupción.
Tamaño señalamiento no podía quedarse así. El contralor ripostó alegando que le han enviado más de 350 expedientes al Ministerio Público, con posibles lesiones patrimoniales por el orden de 36 millones de dólares y hasta la fecha no hay nadie preso.
Lo cierto es que los informes de auditorías de la Contraloría son fundamentales para abrir un proceso penal cuando se sospecha de malos manejos de fondos públicos.
Entre las dos entidades debe haber colaboración y armonía, porque a la postre ambos deben defender los intereses del Estado, cuando alguien se mete indebidamente en sus bolsillos fondos o recursos públicos.
También es cuestionable que cada vez que viene el período de cambio de gobierno, comienzan a divulgarse supuestos peculados y entonces cuál fue la función de los encargados de vigilar el buen manejo de los fondos estatales, durante los años anteriores. La fiscalización debe ser permanente y las investigaciones, no deben dormir en los archivos de las Fiscalías, para desempolvarlos, cuando están saliendo de la papa, los que ostentan el poder.