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Los comerciantes e industriales guatemaltecos amenazaron con llevar a cabo una huelga nacional para rechazar un aumento al Impuesto al Valor Agregado. Foto AP  |
La Cámara de Comercio de Guatemala amenazó con un paro nacional si el Congreso aprueba un paquete impositivo, que incluye el alza de 10 a 12% del Impuesto del Valor Agregado (IVA) y reformas a los códigos Penal y Tributario.
"Hemos analizado varias medidas" y una de ella es coordinar un paro "con todos los sectores que integran la vida productiva de Guatemala", declaró a la prensa el presidente del gremio, Jorge Briz.
El presidente del influyente Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Mario Montano, afirmó que "si no existe ninguna posibilidad para buscarle una salida alterna (al paquete tributario), consideramos cualquier tipo de medida, incluyendo el paro".
A pesar de la amenaza, el vocero presidencial, Jorge Pérez, afirmó que el gobierno seguirá con su línea de trabajo.
Briz "tiene total libertad de hacer el llamado que crea conveniente, habrá que esperar (a ver) cuál es su fuerza", advirtió el funcionario. El gremio empresarial y organizaciones sociales rechazan el paquete tributario, alegando la "poca transparencia" con que el gobierno ha ejecutado el gasto público.
El Ejecutivo envió al Congreso, a mediados de junio, un proyecto de ley para incrementar el IVA, así como para aumentar de 2,5% a 3,5% del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA). La iniciativa incrementa además los impuestos al tabaco, al tiempo que los elimina al gas de uso doméstico.
El Gobierno asegura que el paquete tributario permitirá cumplir lo establecido en los Acuerdos de Paz firmados en 1996, que pusieron fin al conflicto armado de 36 años en Guatemala.
Como compensación al alza de impuestos, el Gobierno propuso generalizar el pago de un bono salarial por 250 quetzales mensuales (unos 32 dólares) para todos los trabajadores del sector público y privado.
Además, la Asamblea Legislativa tramita la aprobación de leyes para tipificar el delito fiscal, a fin de combatir el contrabando y la evasión tributaria, que según Portillo alcanzan los 192 millones de dólares al año. |