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ABRACADABRA
"Cr�nica de un sabotaje anunciado (II)"
"Los legisladores del PRD y otros partidos se oponen f�rreamente a la convocatoria de una Constituyente, porque esta corporaci�n democr�tica eliminar�a de un tajo los escandalosos salarios y privilegios de que gozan los integrantes de la Asamblea"
 Carlos Guevara Mann
Colaborador
El 11 de mayo de 1999, Mireya Moscoso emiti� un comunicado en el cual solicit� a los empleados p�blicos con mando y jurisdicci�n abstenerse "de hacer contrataciones o asumir compromisos m�s all� del d�a en que finaliza el per�odo de P�rez Balladares." El PRD, que no pierde oportunidad alguna para hacerse pasar por v�ctima (cuando en realidad es el victimario del pueblo paname�o), enseguida declar� que el comunicado de la presidenta electa era el anticipo de la "persecuci�n pol�tica" que se desencadenar�a en contra de los miembros de la c�pula. Eso afirmaron c�nicamente dirigentes del partido gobernante, como si ponerles un alto a las numerosas irregularidades ocurridas bajo el actual gobierno no fuese una necesidad imperiosa y una exigencia generalizada de la poblaci�n. Aun as�, el secretario general del Partido Arnulfista, V�ctor Juliao, aclar� que el comunicado lo que busca es evitar que las contrataciones del PRD afecten al gobierno de Mireya Moscoso (El Panam� Am�rica [EPA], 13 de mayo). Precisamente hacia este objetivo, el de menoscabar la gesti�n del pr�ximo gobierno, es que han estado encaminadas todas las acciones del PRD desde el 3 de mayo hasta la fecha. El 13 de mayo Carlos Smith, uno de los legisladores del PRD "reelectos" gracias a las partidas circuitales y la manipulaci�n electoral, advirti� que Mireya Moscoso podr�a ser sometida a juicio pol�tico si convoca a una Constituyente (EPA, 14 de mayo). Los legisladores del PRD y otros partidos se oponen f�rreamente a la convocatoria de una Constituyente, porque esta corporaci�n democr�tica eliminar�a de un tajo los escandalosos salarios y privilegios de que gozan los integrantes de la Asamblea, mientras que la mitad del pueblo vive bajo condiciones de pobreza y hacen falta recursos para satisfacer las urgentes necesidades de la poblaci�n. El 15 de mayo, El Panam� Am�rica dio cobertura a quejas de que la ARI, dirigida por el expresidente perredista por fraude, Nicol�s Ardito Barletta, "quiere entregar el 'trofeo' de las �reas revertidas a los poderosos del pa�s y no a la clase popular, media y profesional." Estas sospechas quedar�an confirmadas a mediados de junio, cuando la Asamblea aprob� la ley que concede primera opci�n de compra a los arrendatarios de casas revertidas, entre ellos legisladores y otras fichas de la c�pula perredista (EPA, 17 de junio). El 16 de mayo, El Panam� Am�rica inform� que los estudiantes de Relaciones Internacionales se opon�an a la aprobaci�n del proyecto de ley sobre carrera diplom�tica, impulsado por representantes de la canciller�a, la mayor�a de ellos del PRD o allegados a la c�pula de ese partido, con el �nico fin de conservar sus lucrativos cargos bajo el pr�ximo gobierno. Pese a estas justificadas protestas, el 7 de julio la Asamblea aprob� la Ley Org�nica del Servicio Exterior, que dispone que los miembros del servicio diplom�tico tendr�n que ser ratificados por la Asamblea Legislativa, controlada por el PRD (EPA, 9 de julio). En esos mismos d�as comenz� a exteriorizar el PRD sus intenciones de designar como contralor general de la Rep�blica a uno de sus miembros. Manifestaron inter�s en ocupar el cargo el actual vicepresidente, Tom�s (Fito) Altamirano Duque; Gerardo Gonz�lez, presidente de la Asamblea y del PRD; y Carlos Vallarino, exviceministro de Planificaci�n y jefe de campa�a de Mart�n Torrijos, entre otros. En reacci�n a esas intenciones, V�ctor Juliao vaticin� que surgir�an problemas si el PRD pretende gobernar el pa�s a trav�s de su mayor�a en la Asamblea. Indic� Juliao tambi�n que el nuevo gobierno se ver�a en la necesidad de solicitar la renuncia de funcionarios nombrados por el actual Ejecutivo, como los comisionados del Ente Regulador (EPA, 17 de mayo), cuyo desempe�o se ha caracterizado por la defensa incondicional de los intereses de las empresas extranjeras que controlan los servicios de telefon�a y electricidad, en detrimento de las necesidades del pueblo paname�o.
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