Tras darse a conocer el fallo, la abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcela Martino, quien atendió el caso por la parte de la familia Portugal, consideró que el fallo representa "un hito importante", que responsabiliza al Estado panameño por al menos uno de los crímenes cometidos durante la dictadura militar entre 1968 y 1989.
"Este caso representa a muchos otros, de los cuales el Estado tiene una responsabilidad pendiente", sostuvo Martino. "Esta es una oportunidad para Panamá ahora de responder por el resto de las víctimas. Esperamos que el Estado honre sus obligaciones".
En la sede de la CIDH, Patria Portugal aseguró a los medios que luego del fallo, seguirá luchando como lo ha hecho durante los últimos 18 años para que en Panamá sigan las investigaciones y se logre castigar a los asesinos.
La respuesta del gobierno panameño vino a través de un comunicado, en que se limita a concluir en que analizará el fallo.
"El Gobierno Nacional analizará el contenido de la sentencia de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de determinar las medidas que deban adoptarse en relación con ella, así la conveniencia de necesidad de solicitar una interpretación de dicho fallo".
