El Gobierno expidió ayer el Decreto Ejecutivo 864 que indulta a los periodistas Justino González y Sabrina Bacal, frente a la pena de 12 meses de prisión e inhabilitación para ejercer su profesión por igual período que les impuso el Segundo Tribunal Superior de Justicia.
Para el indulto se aduce la potestad del mandatario que le concede el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución.
Sin embargo, la ex procuradora Ana Matilde Gómez alegó que es preocupante el uso del indulto, porque "nuevamente se da una violación a lo dispuesto en la Constitución y el Código Penal", ya que éste sólo es válido para delitos políticos y con esta decisión se refleja "un ejercicio abusivo del perdón presidencial".
