El fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia condenando a dos periodistas e inhabilitándolos al ejercicio de su profesión, provocó una auténtica reacción de rechazo de los gremios periodísticos de Panamá y del exterior.
Lo sucedido es un mensaje claro a los gobernantes y jueces de que la sociedad panameña no aceptará retrocesos en materia de libertad de prensa ni el derecho a la información.
Al exterior se mandó un mensaje nefasto sobre peligros en la democracia panameña, lo que obligó al Ejecutivo a tratar de apaciguar los ánimos con un indulto frente a un tema que es más profundo que otorgar una gracia presidencial.
Propugnamos por un periodismo critico, objetivo y ajustado a la verdad. En esa labor se podrán cometer errores y existirá margen para réplica de los afectados, pero no a fallos judiciales desproporcionados.
De igual modo, es cuestionable que se hagan esfuerzo para la despenalización de los delitos de calumnias e injurias en los casos que involucre a los altos cargos del gobierno, algo que ya se había superado desde mayo de 2008. En todo caso se debería ajustar el Código Penal para incluir en la despenalización a otros servidores públicos que por el cargo que ostentan, se colocan en situación privilegiada frente a un particular.
La libertad de expresión es un tema de principio. Es cuestionable que algunas figuras sean defensores del derecho a informar cuando están en oposición, pero cuando llegan a un cargo público se olvidan de ello. Este no es un mal que monopolizan los actuales funcionarios, sino que es una constante de la mayoría de los altos cargos de todos los gobiernos.