Exámenes médicos realizados a trabajadores bocatoreños afectados en los enfrentamientos por la polémica Ley 30 detectaron un 30% de plomo en la sangre, lo cual traería posibles intoxicaciones y resultados fatales en su salud.
Desde hace nueve semanas, dirigentes de los grupos organizados de la sociedad civil de Bocas del Toro esperan respuestas concretas del gobierno en casos como los de Mateo Palacios y Armando Becker, quienes, producto de los perdigones utilizados por la Policía Nacional, recibieron perforaciones en el riñón y el intestino delgado.
La promesa de trasladarlos a Cuba, Brasil y a Colombia para que recibieran atención médica especializada no ha llegado aún, mientras el tiempo se convierte en su peor enemigo.
José Staff, líder del movimiento, indicó que les preocupa la situación y exigen al gobierno el cumplimiento de los compromisos pactados.
