Jueves 26 de nov. de 1998

 








 

 


Oponentes a Pinochet celebran dictamen británico sobre su arresto

Madrid
AP

Los oponentes del senador vitalicio y ex presidente chileno Augusto Pinochet celebraron ayer el fallo de los jueces británicos que mantuvieron vigente el arresto y posible extradición a España por acusaciones de genocidio.

Alrededor de un millar de personas se agruparon en la plaza de la Puerta del Sol con pancartas en las que se leían lemas contra el ex dictador mientras esperaban el fallo que sería leído en vivo por televisión.

Muchos cantaban "Cumpleaños Feliz'' en alusión a la coincidencia de que la decisión judicial se diera a conocer el mismo día en el que Pinochet cumplía 83 años.

Al ser anunciada la decisión, varios manifestantes se abrazaron y dieron saltos de alegría, mientras otros bailaban y coreaban "×Extradición!'' y "×Viva Chile sin Pinochet!''.

"He esperado 23 años para ver a Pinochet enjuiciado'', dijo Santiago Oyarzo, quien, según afirma, fue torturado y mantenido en prisión durante un año sin ser sometido a juicio, por haber dado a un amigo un diario extremista poco después que Pinochet asumió el poder, tras derrocar en 1973 al presidente marxista Salvador Allende, elegido por voto popular.

La decisión del más alto tribunal británico dice que a Pinochet no le ampara la inmunidad diplomática. España había pedido que se le extraditara.

Abogados españoles defensores de los derechos humanos coincidieron en expresar su beneplácito ante la decisión de un tribunal de cinco jueces de la Cámara de los Lores británica.

Pinochet fue arrestado en Londres el 16 de octubre a pedidos del juez español Baltasar Garzón, quien encabeza los esfuerzos para que a Pinochet se le juzgue por supuestos crímenes en contra de la humanidad cometidos durante su presidencia, que se extendió de 1973 a 1990.

"Este es un gran paso para la humanidad, especialmente para los pueblos de América Latina'' , dijo Carlos Slepoy, abogado argentino quien ha trabajado con Garzón.

Slepoy afirmó que la decisión ponía a la justicia española "en la vanguardia de los derechos humanos''.

El gobierno conservador de José María Aznar no necesariamente quiere esa reputación ya que la controversia ha afectado las relaciones con Chile donde España ha realizado grandes inversiones comerciales y con quien tiene buenas relaciones políticas.

Poco después del dictamen británico, el presidente del gobierno José María Aznar dijo que España respetará cualquier decisión al respecto por parte del sistema británico de justicia.

Antes del dictamen, el presidente indicó que esperaba que las relaciones con Chile se mantendrían en buen estado.

 

 

 

 



 

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