El gobierno adelanta una serie de reformas en algunas instituciones como la Policía Técnica Judicial y el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Las iniciativas generan inquietudes en algunos sectores que temen que el Ejecutivo pueda ampliar su actual campo de influencia.
En toda democracia es determinante el balance de los poderes. Toda institución u organización requiere ajustes cada cierto tiempo para actualizarse, pero sin que ello signifique que se busca ejercer un control sobre ella.
Es cierto que en la PTJ se han registrado casos de corrupción, pero esas fallas también se han dado en la Policía Nacional y el Servicio Marítimo. El solo cambio de una ley no es ninguna vacuna.
Unificar recursos entre la PTJ y la Policía Nacional para mejorar la capacidad de investigación contra los criminales es un hecho positivo, pero no es lo más efectivo que uno de esos cuerpos tengan que responder a dos jefes de diferentes entidades.
Además existe una realidad: a la PTJ no se le dota del adecuado presupuesto para llevar a cabo sus labores. También es cierto que la Policía Nacional y la PTJ hacían una especie de contrapeso para evitar abusos de uno u otro cuerpo de seguridad, lo cual puede perderse al asumir la Fuerza Pública gran parte de los detectives que hoy auxilian las investigaciones del Ministerio Público.
Así mismo ocurre con los bomberos que se pretende que el Ejecutivo y no la Junta de Oficiales sea el que nombre a su comandante. Con ello surge el peligro de romper el escalafón y la disciplina y no nos sorprende que mañana se nombre como director de los camisas rojas a uno de sus miembros honorarios, conocido popularmente como bombero de manguera virgen.