El caso del envenenamiento masivo de panameños que consumieron jarabes producidos por la Caja de Seguro Social con el refrigerante dietilenglicol, debe llegar en las próximas semanas a los tribunales de justicia.
Durante 18 meses, la Fiscalía Especial ha investigado la peor tragedia que ha registrado el país en el sector Salud, donde se presentaron 792 denuncias, de los cuales 500 corresponden a decesos, pero el Estado sólo reconoce la muerte de 116 pacientes a causa del Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda.
Fue un negociado mortal, donde un grupo de panameños fue en busca de remedio para una enfermedad y le recetaron la muerte. Compañías de China Continental, España y Panamá, así como funcionarios que no cumplieron con sus obligaciones, dieron paso a ese envenenamiento masivo.
Una compañía local que no tenía ni fondos para adquirir la materia prima que le vendía al Seguro Social y que sólo obtenía ingresos de otras empresas a través de la figura del factoring, fue la suplidora del dietilenglicol, en vez de la glicerina para preparar medicamentos que se le había solicitado.
Al final del caso, los responsables de esa compañía pagarán algunos años de prisión y saldrán libres, pero en muchos hogares panameños se llevará el luto permanente por el pariente que falleció por la codicia y la negligencia de empresarios y funcionarios.