El abogado y ex magistrado, Edgardo Molino Mola, presentó ayer a la Asamblea Nacional de Diputados una advertencia de inconstitucionalidad, con el objeto paralizar cualquier votación que defina el proceso de remoción administrativa contra el Defensor del Pueblo, Liborio García.
Diputados del PRD consideraron la medida como un "tanque de oxígeno", porque el procedimiento exige que el recurso sea enviado sin dilación al pleno de la Corte Suprema de Justicia, quien deberá interpretar la norma base que se pretende aplicar a García para dar paso a su destitución.
Molino Mola advierte que de aprobarse el informe de la Comisión Ad Hoc que pide la remoción de García y entrarse a votar, se estaría sancionando al funcionario sin juicio previo, sin oportunidad de defensa y sin presentar sus descargos, violando la Carta Magna.
El ex magistrado cuestiona que la Comisión Ad Hoc ha violado el artículo 32 de la Constitución al no permitir la defensa de Liborio y en cambio ha recibido las denuncias de representantes de ONG's.
Molino Mola pidió al presidente de la Asamblea Legislativa, Elías Castillo remitir el expediente en cuestión a la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, fuentes oficialistas consultadas anoche aseguraron que la actual directiva desea finiquitar el tema antes del día viernes, sin embargo, la medida recién presentada podría echar por tierra cualquier acción de votación del pleno.
Luego de la presentación de la advertencia de inconstitucionalidad, Molino Mola arremetió contra las dirigentes de la Alianza de Mujeres contra la Violencia que exigen la destitución del Defensor, a quienes tildó de "irrespetuosas y tener sobre sus cabezas techos de paja".
A criterio del jurista, la líderes del grupo se entrometieron de manera irrespetuosa y descabellada en labores administrativas de competencia exclusiva de la Asamblea, al redactar por su cuenta un proyecto de resolución donde se detallan los pasos a seguir para concretar la tan exigida destitución de García.
El ex magistrado aseveró que la acción constituye "un despliegue de arrogancia, ineptitud y prepotencia" al abrogarse facultades de orden legislativas.
El recurso de inconstitucionalidad presentado solicita la interpretación del artículo 14 de la ley de la Defensoría del Pueblo en el aspecto contentivo a la renuncia o cese del titular a cualquier actividad incompatible con su cargo, ya sea partidista o de desempeño profesional.