El diputado de Gobierno Marcos González solicitó formalmente la eliminación del contrato que mantiene el Estado con la empresa Sertracen, encargada de la emisión de las licencias de conducir, digitalización del registro único vehicular y las tarjetas de pesos y dimensiones en el país.
La petición de González, quien funge como presidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea, guarda relación con la gran cantidad de quejas que surgen por atrasos injustificados en la prestación del servicio.
El parlamentario insinuó que habría conflicto de competencia entre directivos de Sertracen y de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
"Hemos encontrado casos sospechosos, como que uno de los dignatarios de Sertracen es el padre de uno de los que forma parte de la Junta Directiva de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, donde todo se autoriza directamente desde allí, como las adendas para los proyectos", afirmó González.
El diputado afirmó que desde que la empresa inició operaciones en el país los costos de los trámites vehiculares se han incrementado considerablemente.
González expresó que se recomendará al �rgano Ejecutivo que se rescinda el contrato que se firmó con la compañía.
Adelantó que, según las investigaciones, parece que esta empresa salvadoreña no está en capacidad de realizar el trabajo para el cual fue contratada, por lo que pedirán su disolución.
De acuerdo con González, poseen pruebas de que el consorcio ha complicado la emisión de la documentación en materia de registro vehicular, traspaso de unidades e, incluso, hay indicios de que existe "tráfico de influencias".
Según las denuncias, Sertracen, además de encarecer el costo por los trámites vehiculares, ha duplicado y hasta triplicado el tiempo para realizarlos en sus distintas oficinas.
