Tras el escándalo causado por un decreto ejecutivo que le bajaba el salario mínimo a los trabajadores de empresas cañeras, el gobierno se apresuró ayer a explicar que todo fue "un error de cálculo".
La Ministra de Trabajo, Alma Cortés, dijo ayer que el polémico Decreto No. 1 del 14 de enero de 2010 no será sancionado, y se redactará otro que lo corregirá.
Dirigentes obreros y el opositor PRD habían acusado al Presidente Ricardo Martinelli y al Vicepresidente Juan Carlos Varela de beneficiar directamente a sus empresas cañeras con el decreto.
