El magistrado Jerónimo Mejía es el ponente de la queja presentada el pasado 7 de febrero en la Corte Suprema de Justicia contra el magistrado fiscal del caso CEMIS, Abel Zamorano.
La queja fue interpuesta por el abogado James Bernard, defensor del ex presidente de la República, Martín Torrijos.
Bernard, en su escrito sustentó que, supuestamente el magistrado Zamorano incurrió en actuaciones indebidas, contrarias al derecho y a los derechos que como funcionario judicial le son atribuidas, cometiendo una falta disciplinaria señalada en el artículo 286 numeral 10 del Código Judicial.
Señala el defensor que al momento de practicar pruebas, el magistrado Zamorano ha procedido a emitir resoluciones enunciando a las personas que han sido citadas a declarar, y las mismas deben comparecer al día siguiente, sin notificar a los abogados defensores de las partes, lo cual es contrario al derecho y cuestiona el hecho de no darse el derecho a la defensa y cumplir con el derecho al contradictorio.
Entre los cuestionamientos de la actuación del magistrado fiscal está la negación del expediente para obtener copias y no se les permitió tener acceso al sumario en varias ocasiones.
James Bernard pidió la sanción a la Corte para el magistrado Zamorano.
Explica el jurista que no notificó a la Unidad de Análisis Financiero para que suspendiera cualquier actuación, tras ser presentado un incidente de controversia luego de ordenarse evaluar las cuentas bancarias y operaciones financieras del diputado Carlos Afú y de Torrijos, ambos sindicados en el proceso del CEMIS.
