La Asamblea Nacional de Diputados debe elegir próximamente al nuevo defensor del Pueblo, que deberá tomar posesión de su cargo el 4 de abril próximo. Se espera que al final, unas 40 candidaturas se presenten.
La Defensoría surgió en 1997, como una especie de juzgador de conciencia. Aunque sus actuaciones no tienen carácter vinculante, sino más bien fuerza moral, el ombudsman ha contribuido a resolver diversos problemas y frenar abusos. El que pretenda lograr el cargo debe lograr un mínimo de 37 votos.
La gestión que más se recuerda es la de �talo Antinori, cuando se atacaron diversos abusos contra la población y se resolvieron conflictos. Luego con Juan Antonio Tejada se resaltaron los nodos de transparencia.
La anterior selección enfrentó dificultades y la figura escogida, Liborio García, fue destituida tras una serie de presiones de los grupos feministas. Luego hubo otra nueva elección y surgió el actual ombudsman, Ricardo Vargas.
Los diputados deben analizar de manera objetiva la hoja de vida, así como la trayectoria profesional y moral de los aspirantes para escoger al candidato mejor preparado.
La militancia política de los aspirantes y las promesas de emplear a recomendados en la Defensoría a cambio del voto, no debe ser la tónica para la escogencia de un funcionario que se debe al pueblo y no a los políticos.
Se entiende que el nuevo defensor debe traer a su equipo para reemplazar a los cargos directivos, pero no se puede desechar al resto de funcionarios que han acumulado años de experiencia, porque eso equivaldría a empezar de cero. Panamá requiere un ombudsman valiente y que levante la voz frente a las injusticias.