El Consejo de Gabinete creó la nueva Autoridad Nacional de Servicios Públicos, reemplazando el organismo colegiado por la figura de un Administrador General, con mayor capacidad coercitiva y nuevos mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.
La nueva institución que reemplaza al Ente Regulador de los Servicios Públicos, incluye una Dirección Ejecutiva y un Comisionado Sustanciador que investigará el incumplimiento de las normas regulatorias.
La nueva Ley otorga a la Autoridad mayor poder para regular y controlar la prestación de los servicios públicos por medio de una revisión directa, tarea que recae en la nueva Dirección Nacional de Atención al Usuario.
La disposición separa las funciones regulatorias de las administrativas, concediéndole mayor agilidad y especialización en respuestas a problemas sectoriales y en la administración de recursos y manejo institucional.
La nueva Autoridad tiene mayor injerencia reglamentaria en cuanto a metodologías y fórmulas de cálculo de tarifas.
También le autoriza a imponer sanciones a los infractores, arbitrar en conflictos y procesar con mayor rapidez las denuncias y reclamos presentados por los clientes.
Además de establecer tres direcciones para atender exclusivamente los asuntos de electricidad y agua, telecomunicaciones y atención al consumidor define mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas a través de un Consejo de Administración.
La nueva norma modifica el régimen vigente desde hace 10 años cuando se adoptó la Ley 26 de 29 de enero de 1996.
