En las calles de la ciudad de Panamá podemos ver frecuentemente a niños vendiendo estampitas, limpiando parabrisas o mendigando a los automovilistas, o a la salida de establecimientos comerciales.
El problema del trabajo infantil no es exclusivo de Panamá. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en todo el mundo unos 246 millones de niños sujetos a la explotación. Y al menos unas tres cuartas partes (171 millones), trabajan en condiciones peligrosas.
En las zonas rurales más apartadas de América Latina, se estima que el 70% de los niños y niñas trabajan para ayudar a las familias.
Sin embargo, el hecho de que el fenómeno se produzca en el mundo entero, no le quita responsabilidad a los padres que -aquí en Panamá- envían a sus hijos a las calles a pedir dinero o vender cualquier cosa, cuando es de ellos la responsabilidad de proveer por sus pequeños.
El niño sólo debe tener un lugar para ir cuando no está en casa: la escuela. Con todas las deficiencias, limitaciones y retrasos en el sistema educativo nacional, es mejor un aula de clases que la intemperie y la exposición al crimen y los vicios.
No todos los casos de niños que trabajan obedecen a que sus padres están incapacitados para trabajar. Más bien se trata de que padres o acudientes inconscientes se aprovechan de ellos.
Es responsabilidad también del Estado hacer valer la Convención de los Derechos del Niño, y velar porque cada menor de edad tenga su debida educación. Lamentablemente, lo que vemos en la calle nos da a entender cuán bajo están nuestros niños en la lista de prioridades de los gobiernos. Tan prioritario como para algunos padres irresponsables.
