La PTJ será transformada. Ahora será una especie de monstruo de dos cabezas: una parte formará parte de la Policía Nacional y otra adscrita al Ministerio Público.
Los estamentos de investigaciones en Panamá tienen sus antecedentes en la década de los cuarenta, cuando en 1941 se crea la Policía Secreta. En 1960, surge en su reemplazo el departamento Nacional de Investigaciones (DENI). Tras la invasión se promulgó la ley Ley 16 de 9 de julio de 1991, creando la Policía Técnica Judicial de Panamá.
Luego de la invasión, la reestructuración de la PTJ estuvo a cargo de la Democracia Cristiana. Para ello su líder Ricardo Arias Calderón, en su calidad de Ministro de Gobierno, buscó asesoría en Costa Rica, Venezuela, España y el ICITAP de Estados Unidos.
En los primeros meses post invasión, la PTJ formaba parte del Ministerio de Gobierno y luego fue incorporada al Ministerio Público. El DENI era parte de las Fuerzas de Defensa.
Ahora el gobierno agobiado por los cuestionamientos de la crisis de seguridad existente en el país, primero promovió una ley que permitió remover al director de la PTJ designado por los panameñistas y ahora otro proyecto que parte en dos a la Policía Técnica Judicial.
La propuesta fue presentada por la ministra de Gobierno, Olga Golcher, precisamente un día después que la procuradora Ana Matilde Gómez se reunía con exdirectores de la PTJ para conocer opiniones sobre una futura reestructuración de la institución.
La iniciativa del Ejecutivo crea el Organismo de Investigación Criminal (OIC), adscrito a la Procuraduría, como un cuerpo científico auxiliar del Ministerio Público y el Organo Judicial. Además se propone establecer la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en la Policía Nacional, también como auxiliar del Ministerio Público y el Organo Judicial.
En la práctica casi todo el personal de la PTJ podrá pasar a la DIJ de la Policía salvo los Departamentos de Criminalística, Servicios Periciales y Laboratorio de Ciencias Forenses.
La OIC tendrá un director nombrado por 5 años por el Procurador, quien deberá seleccionarlo de una terna que será presentada por un Consejo Técnico Evaluador integrado por el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, el Ministro de Gobierno y el director del Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho.
En tanto, la DIJ será dirigida por un subcomisionado o un comisionado de la Policía, con conocimientos en materia criminal.
El artículo No.18 del proyecto advierte que los miembros de la DIJ acatarán las órdenes del Ministerio Público cuando desarrollen una investigación penal y cuando actúen bajo esa condición, no atenderán la cadena de mando de la Policía y no podrán revelar la información recibida ni siquiera a sus superiores jerárquicos.
Pero "El Santo" no parece ser tan milagroso como lo pintan. El proyecto empieza a levantar expectativas entre las personas que de una u otra manera han estado ligados a esta institución.
Muchos especialistas se han atrevido a decir que dicho proyecto va encaminado a conformar lo que en un pasado fue el DENI y el G2.
Otros han mostrado su aprobación a la propuesta, pero con la salvedad que deben hacerse cambios en el documento.
"No creo que este proyecto signifique algo para mejorar la inseguridad que vive el país, y menos para que los que pertenecen a estos estamentos que estén envueltos en situaciones comprometedoras, tomen conciencia", aseguró Carlos Cárdenas, un hombre de 45 años que se gana la vida vendiendo raspados en los colegios primarios de San Miguelito.
Este es uno de los panameños comunes que miran con escepticismo la creación de los dos organismos de investigación policial y judicial, los cuales dejarán sin efecto lo que es la PTJ y la Dirección de Investigación e Información Policial (DIIP).
Pero existen otros, como es el caso de Javier Madrid, un conductor de taxis que en medio de una carrera considera que dicho proyecto, podría significar un avance en materia judicial y de investigación.
GOL DE MEDIA CANCHA
Un día antes de que el proyecto fuera presentado a la Asamblea, Ana Matilde Gómez, Procuradora de la Nación, sostuvo una amena y amplia reunión con ex-jefes de la PTJ. Jaime Abad, Gabriel y Oswaldo Fernández estuvieron entre los presentes.
Dicha reunión era para ampliar criterios de lo que debía ser la nueva ley de la institución, pero en menos de 24 horas se da el "gol de media cancha" y la ministra de Gobierno presenta el proyecto ante la Asamblea Nacional.
Consultado, consensuado o no, el mismo está en el �rgano Legislativo y se espera que este martes inicien las discusiones en primer debate.
HABLAN LOS EXPERTOS
Desde la creación de la PTJ en 1990, han desfilado por esta institución más de 10 directores, los cuales entre penas y glorias han cumplido su ciclo dentro de la institución.
Jaime Abad es uno ellos. Este abogado estuvo al frente de la institución de 1990 a 1994 y a pesar de estar de acuerdo en que la ley de la PTJ debe ser reformada, reconoce que estos cambios deben ser profundos y no solamente pura cosmetología.
Eso sí, el ex-PTJ reconoce que el proyecto tal y como fue presentado no es la mejor opción para ambas instituciones, por lo que insta a todos los sectores de la sociedad a que no sean individuos pasivos y ayuden a conformar la mejor de las leyes posibles.
"La moral de los miembros de la institución está por el piso. Por ello, urge tener un proyecto que se aleje de las banderías políticas y responda a los intereses del país", aseveró Abad.
FERNANDEZ DUDOSO
Otro ex-petejotero es Oswaldo Fernández. Para este abogado, el proyecto presentado a la Asamblea es confuso.
"Urge que este proyecto sea debatido de la mejor manera. En lo personal no creo que haya sido una buena decisión presentar el documento, tal y como está elaborado", precisó Fernández.
Aunque es consciente de que tanto la Policía Nacional como la PTJ deben contar con un organismo que maneje los perfiles de las bandas que operan en el país y que pareciera que es lo que se plantea con la creación del OIC y la DIJ, Fernández considera que el proyecto presentado esta algo confuso.
JARVIS EN DESACUERDO
Uno que si mostró su rechazo al proyecto, fue el ex jefe del Consejo de Seguridad del Estado, jefe de Narcóticos y ex subjefe de la PTJ, Ramiro Jarvis.
Este no ve con buenos ojos que la PTJ se le quiten sus funciones. "En vez de darle más autoridad a la institución, la dividen y prácticamente la eliminan. Definitivamente que no estoy de acuerdo y no creo que esto sea lo mejor para enfrentar la criminalidad", resaltó Jarvis.
Según Jarvis, con este proyecto en vez de hacer a las instituciones más fuertes contra el crimen, se está haciendo todo lo contrario y se está en un retroceso en cuanto a lo que es la institución encargada de las investigaciones del crimen.
Jarvis destacó que la PTJ era como una especie de auditora, cuando se producían casos que involucraban a miembros de la Policía Nacional, lo que se puede perder con los cambios propuestos.
A juicio del exjefe del Consejo de Seguridad, lo esencial de una Policía es prevenir el delito; mientras que la función de la PTJ es investigar.
PROCURADORA EXIGE CLARIDAD
Una que fue sorprendida por la presentación del proyecto fue la Procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, quien pidió a la Asamblea Nacional que no inicie la discusión del proyecto, si ella no está en la mesa.
Gómez dijo estar en desacuerdo con algunos aspectos de este proyecto.
ALGUNAS FUNCIONES DE LA OIC
Cumplir las órdenes que le imparten los agentes del Ministerio Público para realizar diligencias preliminares o comisiones específicas de investigación criminalística relacionadas con el respectivo campo científico.
Recolectar evidencias y buscar información, tanto en lo favorable o desfavorable relacionadas con el hecho investigado.
Identificar personas, cosas y lugares mediante exámenes, inspecciones, planos, fotografías y demás experiencias científicas.
ALGUNAS FUNCIONES DE LA DIJ
Realizar las investigaciones preliminares, bajo la dirección de los agentes del Ministerio Público.
Identificar, conducir y aprehender a las personas requeridas por los agentes del Ministerio Público, de conformidad con la Constitución Política y la Ley.
Representar a la República de Panamá ante la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).