Aquí se habla de manejo irregular de millones de dólares, como si se estuviera hablando del sencillo destinado para la compra de la merienda escolar.
Se manejan 23 millones de dólares en una partida secreta presidencial, no aparecen las facturas y la Corte decide suspender provisionalmente las investigaciones, porque los investigados estaban amparados bajo el foro del Parlamento Centroamericano.
Al mismo tiempo, es cuestionable que el magistrado ponente fuera un excopartidario y compadre de uno de los investigados, cuando lo más correcto es que se debió declarar impedido.
Por eso la justicia en Panamá está desprestigiada y por más comisiones que se designen no habrá ninguna variante, porque el problema está en los hombres y no en las leyes.
Al mismo tiempo, es cuestionable que los funcionarios, diputados y parlamentarios recurran al amparo de una inmunidad para impedir las investigaciones sobre el manejo de fondos públicos. La inmunidad debe ser sólo para evitar que los gobiernos persigan a sus opositores, debido a las posiciones políticas que adopten, no para amparar sinverguenzuras.