El Presidente Ricardo Martinelli hizo ayer una promesa cuyo nivel de cumplimiento podría definir su administración para la posteridad. En medio de miles de personas que participaban en la marcha por la seguridad, el mandatario aseguró que convertiría a Panamá en el país "más seguruo de Latinoamérica". Y no solo eso, sino que lo haría en tres años.
Desde la época de campaña, Martinelli se ha caracterizado por comprometerse a grandes propósitos, aun sin contar con los medios o la planificación para llevarlos a cabo. O sea, sin siquiera saber cómo va a cumplir.
No se trata de poca cosa, y es entendible que la ciudadanía vea con desconfianza tales promesas, dado que cada año de esta década los niveles de inseguridad han aumentado, así como los índices de criminalidad y violencia. De hecho, las cifras parecen haberse agravado durante esta misma administración.
Llegando a la mitad del año, ya nos acercamos a 300 homicidios, algunos de ellos con características espeluznantes. Llevamos 47 muertes violentas más que en el mismo período del año pasado.
Su promesa también incluyó una serie de deudas pendientes del Estado, como la implementación del sistema penal acusatorio, cuyo avance fue detenido por este mismo gobierno, bajo una admitida falta de conocimiento sobre el tema.
Es cierto que mejorar la seguridad es lo que se espera de esta administración. Pero tampoco puede prometerse alegremente bajo el calor del momento. Hay que tener cuidado también con los extremos; pues no podemos aceptar que con la excusa de resguardar nuestra seguridad se llegue a vulnerar los derechos ciudadanos. Para mejorar la actual situación hay que convocar a todos los sectores del país y establecer una estrategia nacional de seguridad.