La Cámara de Comercio, la APEDE y el Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE) condenaron ayer la decisión del mandatario Hugo Chávez, de cerrar Radio Caracas Televisión (RCTV), pero el vicepresidente panameño Samuel Lewis Navarro, dijo que "Panamá no puede convertirse en juez" para juzgar si la aplicación de normas jurídicas internas en Venezuela constituye o no una violación a los derechos humanos.
Lewis Navarro indicó que el gobierno del presidente Martín Torrijos ha demostrado su "irrestricto" compromiso con la libertad de expresión y los derechos humanos, pero eso no significa que Panamá ni ningún otro país puedan convertirse en juez, ya que para ello "existen organismos como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Destacó que el hecho de que Panamá sea sede, la próxima semana, de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), le otorga una obligación adicional, el de ser "un país conciliador en el que se busque el acercamiento de posiciones que se encuentren en conflicto".
"Determinar si la renovación de una concesión de frecuencia constituye una violación de los derechos humanos no le compete ni a Panamá ni a la Asamblea General de la OEA", expresó.
Por su parte, la Cámara de Comercio repudió y condenó el ataque sufrido por la Federación de Cámaras de Venezuela y el cierre de RCTV.
"El ataque a las instalaciones de Fedecámaras de Venezuela representa un ataque a la empresa privada, y que el cierre de la cadena RCTV es un acto deplorable en contra de la libertad de expresión, los derechos humanos y, sobre todo, en contra de la democracia", señaló el presidente de la Cámara, Domingo Latorraca.
El gremio instó a todos los organismos públicos y privados panameños y latinoamericanos, incluyendo a las autoridades nacionales, a cuestionar y manifestarse sobre estas acciones, las cuales son inadmisibles para la institucionalidad regional.
Al referirse a la posición del presidente Torrijos, precisó que "todo aquél que participa en la vida pública, debe opinar sobre un tema que trasciende la frontera y que implica los derechos humanos, el respeto a la libertad de expresión y el debilitamiento de la democracia en Venezuela".
Mientras, en horas de la tarde, un grupo de venezolanos y panameños -entre ellos el presidente del CONAPE, Jean Marcel Chéry; el presidente de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli y el presidente de APEDE, Antonio Fletcher, marcharon hasta la Asamblea Nacional, donde fueron recibidos por una delegación de diputados encabezada por el opositor panameñista, José Luis Varela y el oficialista PRD, Leandro �vila.
Veinticuatro horas antes del arribo del grupo de manifestantes a los predios legislativos, no prosperó una propuesta que condenaría la decisión de Hugo Chávez de no renovar la concesión de operación de RCTV.
La mayoría de los diputados consideró prudente mantener una postura imparcial hasta desarrollarse la Asamblea Nacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) en nuestro país, el próximo fin de semana.
El presidente del CONAPE afirmó, en el pleno de la Asamblea, que la lucha por la democracia y la consolidación de las garantías para una verdadera libertad de expresión trasciende fronteras.
Para Chéry, en Venezuela es evidente el déficit de democracia por la que atraviesan los medios de comunicación, además de coartársele a la población la oportunidad de escoger libremente sus opciones de información.
"Nos mantenemos en estado de alerta hasta que la Asamblea y el �rgano Ejecutivo manifiesten su repudio contra este atentado a la libertad de expresión y al derecho a la información en Venezuela, basados en la experiencia que sufrió nuestro país en el pasado reciente", afirmó.
Mientras, Fletcher calificó de lamentable la situación que enfrenta Venezuela en materia de libre empresa, seguridad jurídica, libertad de expresión, derecho al trabajo y la ola de violencia.