La procuradora de la Nación, suspendida, Ana Matilde Gómez, durante su gestión ordenó 7 intervenciones telefónicas, según la declaración indagatoria que efectuó el 18 de mayo en la Procuraduría de la Administración, donde se le investiga por abuso de autoridad.
Explicó ante el procurador encargado, Nelson Rojas, que uno de los casos estuvo basado en una investigación contra un secretario de una fiscalía.
"Creo haber ordenado la vigilancia o la filmación, no me acuerdo; sé que se me pidió algo, pero me parece que ese y uno de un Secretario en una fiscalía, porque era grave", declaró Gómez.
Gómez dijo recordar que una de las intervenciones se las solicitó el licenciado Daniel Batista, cuando era fiscal anticorrupción, y otra le vino de la Policía Técnica Judicial.
Entre los que le pidieron interceptaciones telefónicas, dijo Gómez, se encuentran los ex fiscales de drogas Patricio Candanedo y José Abel Almengor, el ex fiscal anticorrupción, Daniel Batista, el ex fiscal Auxiliar, Luis Martínez, a través de la Secretaría de Asuntos Internacionales, como cooperación internacional con agencias de investigación como la DEA y el SOCA.
Para Gómez, antes de dictarse el fallo en el 2007 que declaró ilegales sus "pinchazos" telefónicos, a raíz de la intervención al ex fiscal Arquimedes Saéz, ella estaba en su deber legal de autorizar lo que le presentaban los distintos fiscales.
Por su parte, el ex Secretario General de la Procuraduría, José María Castillo, especificó en su declaración como testigo que a raíz de la modificación a la Constitución Nacional se concluyó de manera definitiva que la Procuraduría de la Nación había perdido la capacidad de realizar interceptaciones telefónicas y que en lo sucesivo había que pedir autorización.
CAMBIO A LA CONSTITUCION
En el artículo 29 del texto constitucional que guarda relación con las interceptaciones, escuchas y grabación de llamadas telefónicas en el tercer párrafo, se establece que las comunicaciones privadas no podrían ser interceptadas o grabadas, salvo por un mandato de la autoridad judicial.
En el 2005 se declaró ilegal los pinchazos realizados por la Fiscalía Auxiliar.
