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Sábado 12 de junio de 1999


EDITORIAL
Limbo jurídico de los Intereses Preferenciales

La terminación de la vigencia de la ley que estableció intereses preferenciales para las construcciones de vivienda y sus remodelaciones, hasta sesenta y dos mil balboas, el pasado 20 de mayo, coloca en difícil trance a más de cinco mil panameños, solicitantes de hipotecas bancarias, para adquirir el techo propio; situación que genera inquietudes y crecientes reclamos en el seno social, que aspira a la renovación de los sanos predicados legales de la exinta ley.

El segmento social afectado con la terminación del incentivo en los intereses de viviendas radica en familias de la clase media baja, que con esfuerzos y en colaboración de sus miembros acumulan los montos de ingresos adecuados requeridos para tales compraventas; aspiración que se esfuma, dejando el mal sabor de las frustraciones y el resentimiento de la inequidad.

El proyecto que actualmente tramita la Asamblea Legislativa para reponer el incentivo de la vivienda señala el tope máximo en veinticinco mil balboas; suma que solamente permite adquirir techo de limitadas dimensiones, calidad y localización, propio de personas de reducidísimos ingresos, y busca resolver estas necesidades básicas en los desposeídos de la fortuna.

La actividad constructora y urbanística panameña se incrementó rápidamente con los presupuestos legales de anterior vigencia y generó niveles millonarios en la actividad económica, rubricando el indiscutible acierto de tales normas incentivadoras.

Los trabajadores y suministradores de insumos y servicios a la actividad constructora presienten un acelerado deterioro en el corto futuro si se cambia las reglas del juego que dominó los quehaceres inmobiliarios, empresariales y bancarios, lo cual agudizará las pérdidas de empleos de salarios que la cancelación de los sitios de defensa y la presencia militar norteamericana incorporará a la vida nacional, a partir del próximo año; razón por la cual la colectividad respalda las peticiones que los representantes de las inmobiliarias y constructoras formulan.

Una legisladora saludable a la vida laboral; de beneficio para el esfuerzo empresarial y técnico, y favorecedora de los servicios bancarios y legales, merece mantenerse; renovarse con prontitud, de manera que los actuales efectos desalentadores de su cancelación, sean superados.

Opiniones transaccionistas, con serenidad y ecuanimidad de propósitos, sugieren buscar un punto medio, una solución de equilibrio que satisfaga a los peticionarios inmobiliarios, y a la posición gubernamental, que podría establecerse en incentivar viviendas de hasta cincuenta mil balboas; solución que mantiene las previsiones favorables a los de menor ingreso y eleva las solicitudes de las familias de ingreso medio: Tal vez esta fórmula tenga éxito.

 

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