El Juez Primero Penal, Rolando Quesada Vallespi, fijó para el 14 de noviembre del 2007 la audiencia preliminar contra 15 imputados acusados de los delitos de falsificación de sellos, estafa, asociación ilícita y fraude.
Los delitos fueron cometidos en perjuicio de la Dirección General de Aduanas, según consta en las investigaciones.
Después de la querella presentada por la firma Benedetti y Benedetti, la Contaloría ordenó una auditoría y se comprobó que desde el 10 de febrero de 1999 al 28 febrero del 2002, se dio una lesión contra el Estado de 802 mil 624 dólares.
Dicha lesión es producto de irregularidades en las boletas usadas para el pago de impuestos de importación.
Los funcionarios cobraban el dinero con boletas de la Dirección General de Aduanas que contenían los sellos alterados y que le entregaban a los empresarios, pero que no eran reportados al fisco.
La Fiscalía Segunda Anticorrupción realizó la instrucción sumarial y en la vista fiscal consideró que existían suficientes pruebas para pedir el llamamiento a juicio.
Entre los llamados a juicio por su presunta participación en los hechos figuran entre otros Galileo Díaz, Ernesto Rodríguez, Víctor Adrián Castillo, Rogelio Graves, Angel Aronso y Mario Jiménez.
