La Asamblea Nacional derogó la ley que provocó el despido de catedráticos, magistrados y otros funcionarios del Estado por ser mayores de 75 años, informó el parlamento en un comunicado.
En la sesión plenaria, que terminó en la madrugada del sábado 30 de junio, se aprobó en tercer y último debate, la norma que obligaba a retirarse de la vida laboral del Estado, a los mayores de 75 años, desde 2001.
La llamada "Ley Faúndes" (el apellido del magistrado al que se le aplicó por primera vez, para removerlo de la Corte Suprema en 2001) se elaboró sin que mediara estudio alguno, ni desde de la geriatría, de la demografía, ni del desarrollo y de las necesidades del país, dijo la vicepresidenta primera de la Asamblea Nacional, Susana Richa de Torrijos.
La veterana diputada oficialista, una de las promotoras de la derogación, dijo que una vez fue aprobada la "Ley Faúndes" pidió por convicción su derogación, debido a que imposibilita trabajar a cualquier panameño de 75 años o más. Sin embargo, se ha seguido aplicando, pese a las consecuencias negativas que de ella surgen.
La derogación también fue promovida por la diputada opositora Mireya Lasso, agrega el comunicado.
Richa de Torrijos declaró que en el mundo se ha producido una revolución demográfica, sin precedentes, que ha obligado a todos los países a estudiar sus políticas y estrategias para la jubilación, así como los programas que se elaboran para las personas mayores.
"La población adulta de Panamá en el año 2050 será de 1.114.400 personas, que representarán más del 22% de los habitantes del país, y, según los censos nacionales, en la actualidad existen 71.382 ciudadanos mayores de 75 años, de los cuales 23.000 votaron en las pasadas elecciones", agregó.
Dijo que, según las estimaciones, el 50% de la población del planeta en el 2050 será mayor de 75 años y tendrá que prolongar por varios años su actividad laboral.
De igual forma, destacó que se prevé que el índice de envejecimiento en el siglo XXI, refleje que por cada 100 jóvenes de 15 años, el número de personas mayores será el doble.
Asimismo, opinó que es necesario someter a revaluación el criterio que sugiere que los adultos mayores, deben darle paso a las personas más jóvenes, en virtud de que la población activa será cada vez menor y no resultará suficiente, para mantener el sistema de seguridad social, que contará con un número mayor de jubilados.
Richa destacó que existen muchos estudios geriátricos que rechazan la teoría, que señala que con los años, las facultades, las capacidades y las potencialidades se pierden.
Explicó que existe una edad cronológica y otra edad funcional y lo que se debe valorar, a su juicio, es la capacidad de las personas, o sea la edad funcional, no la edad cronológica.
Destacó que existen personas que llegan a los 75 años, en mejores condiciones que la mostrada por algunos jóvenes, por lo que el hecho de reconocer esas capacidades, constituye un acto de justicia que se debe hacer para con las personas de edad.
La ley derogada permitió hace unos dos años, al gobierno del presidente Martín Torrijos, retirar de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, al magistrado César Pereira, ya fallecido.