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EDITORIAL
La urgente
ley de sueldos y salarios
Las exigencias
que formulan las instituciones de financiamiento internacional
para proceder a los desembolsos de más de doscientos millones
de dólares solicitados por Panamá, que el Gobierno
utilizaría en apoyo presupuestario, colocación
de papeles en los mercados financieros y financiamiento de proyectos
de inversión, señala la dictación de una
Ley General de Sueldos y Salarios para el sector público.
Panamá, en años anteriores al golpe castrense
de 1968, gozó de una Ley General de Sueldos y Salarios,
que junto al Clasificador de Cargos y Posiciones de la estructura
gubernamental, permitió racionalizar la captación,
nombramiento, promoción y evaluación de los funcionarios
estatales.
Las hepáticas decisiones de los entorchados encumbrados
en el mando público eliminaron el instrumento de remuneración
pública, distorsionaron las nomenclaturas de los cargos,
y permitieron que factores de influencia personal y política
determinaran sueldos y salarios públicos, con lo cual
se generó el desorden, rayano de desastre, que ahora campea
en estos menesteres.
La exigencia del Fondo Monetario Internacional resulta sana,
oportuna, para que la agenda ejecutiva y parlamentaria panameña
avance por derrotero de ascenso y firmeza.
Permitir que continúen las ofensivas diferencias y
los desniveles entre los empleados del estado que niegan la máxima
universal de remuneración igual a trabajo igual, significaría
que aceptamos como valido los desajustes que muestra choferes
de iguales vehículos con pagos de abismales diferencias,
o de secretarías con sueldos de ejecutivos, y funciones
operativas.
El país tiene el compromiso de adecentar prácticas
laborales eliminando favoritismos y desterrando amparos insostenibles,
productos de compadrazgos, partidarismos, amiguismos y censurables
tolerancias, una vez que el estadio de sumisión, de ventajismos
que los golpistas introdujeron en el desenvolvimiento administrativo
panameño, deben cesar para bienestar colectivo y sanidad
de la democracia.
El régimen que gobernará a partir del próximo
septiembre, encabezado por la Presidenta Mireya Moscoso tiene
la responsabilidad de alcanzar los consensos y arreglos correspondientes,
de manera que la agenda de temas de estado, entre los cuales
sobresale legislar las normas de sueldos y salarios del funcionariado
se materialice y cese el arbitrio y el espontaneísmo que
ahora domina en tan sensitivos asuntos públicos.
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PUNTO CRITICO |
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